El diario Reforma público en su edición dominical un reportaje de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que estima que a entidades como Campeche, Chiapas o Guerrero les tomaría hasta 196 años para erradicar la pobreza. El informe asesta una bofetada de realidad, no basta con reducir porcentajes, sino hay que cambiar las bases del sistema. En ese espejo, Hidalgo se adelanto e impulso políticas que lo  posicionan entre los mejores estados generadores de empleo formal y en atracción de inversiones con cifras récord.

Hidalgo ha avanzado y mucho, para abatir la pobreza, no basta con dar apoyos aislados, sino cambiar las condiciones estructurales. Y lo están haciendo, se establecieron programas de apoyo directo, que entregaron apoyos económicos por 349 millones de pesos beneficiando a más de 34 mil personas, como parte de los “Programas del Pueblo”. Se ha impulsado el emprendimiento mediante el programa “Emprendiendo Paso a Paso 2025”, y se ha respaldado firmemente la atracción de inversión privada: 104 proyectos que implican alrededor de 157 mil empleos directos e indirectos. 

También se han anunciado planes concretos para vivienda, manufactura avanzada y desarrollo de clústeres industriales. Esto significa que la estrategia va más allá de “dar el pesito”; hay voluntad de generar empleo formal, conectar el estado al mercado global y mejorar infraestructura de base. Bien por ello.

Pero ojo: los obstáculos siguen siendo severos. Reducir la pobreza del 41 % al 35.3 % es un logro, pero aún significa que más de 1.1 millones de personas la padecen.  Y la pobreza laboral —que deja a familias con empleo pero sin un ingreso decente— es casi la mitad de la población. O sea: empleo sí, pero debe buscarse calidad y estabilidad. 

Sin duda falta poner más atención en municipios extremadamente rezagados: por ejemplo Acaxochitlán , se estima que el 80 % de la población vive en pobreza. Que haya inversión y generación de empleo no garantiza que el beneficio llegue a esas zonas marginadas.

En otras palabras: la estrategia es la correcta, pero la velocidad —la tan mencionada “tardanza de décadas” en el reportaje original del Reforma, sigue siendo un riesgo. Sin duda nadie quiere que Hidalgo sea otro caso donde “sí se progresó” pero “todavía quedan generaciones por delante”.

Generar empleo es clave, pero hay que asegurar que ese empleo sea accesible para quienes tienen menor escolaridad o viven en zonas rurales. Los clústeres industriales deben tener rutas que conecten con municipios alejados: transporte, vivienda cercana, formación técnica local. A la par de impulsar programas de formación técnica en municipios serranos e incentivar empresas para que contraten localmente, con transporte para empleados. 

El acceso a servicios básicos mejora la calidad de vida, llevar internet de banda ancha a municipios rurales. Hoy la economía digital puede ser inyectora de ingresos remotos.

No todas las familias pueden ingresar al empleo formal de grandes espacios industriales. Por eso es clave robustecer el tejido de microempresas y economía local.

El reportaje que alerta que algunas entidades podrían tardar casi 200 años en erradicar la pobreza es un llamado de atención fuerte. Hidalgo no está en esos extremos, pero tiene los mismos retos estructurales: empleo formal de calidad, cobertura total de servicios básicos, apostar por las zonas más rezagadas.

Si se mantiene el ritmo y se empodera a las familias para que no solo sobrevivan, sino que prosperen, no serán décadas, sino años los que falten para ver un Hidalgo verdaderamente transformado.

Los antecedentes de revuelta social contra proyectos gubernamentales y de la Iniciativa Privada, que desde la perspectiva popular atentan contra el bienestar de un sector de los hidalguenses volverán a ser recordados en la región de Tula. 

En Zimapán fracasó y costó millones de dólares a los tres niveles de gobierno que se haya cancelado la planta de confinamiento de desechos industriales de la empresa española Befesa.

Se le fue un gran negocio al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz, incinerar una parte de los residuos sólidos urbanos (RSU) de varios municipios en Tizayuca.

Ambos ejemplos tuvieron en común que le ocultaron a la gente de los alrededores datos del proyecto y cuando quisieron socializarlos, ya era demasiado tarde, pues la opinión pública estaba dividida y se impuso el rechazo.

Y ahora en esa ruta parece que va el tan promovido por el gobierno federal Polo del Bienestar en la zona de Tula, que de manera coloquial pretende que sea depositada la basura de la Ciudad y Estado de México principalmente, en un amplio predio, por el cual, mediante un proceso poco conocido se valorizarán los desechos. 

Tarde reaccionaron en la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, la que se encarga de la política interna. 

Pretenden que con una consulta pública sea convencida la población de tres municipios y así dejar contenta a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de que los hidalguenses aceptan incondicionalmente todo lo que emana de la federación; además de calmar a un sector de esos habitantes que se oponen con argumentos a recibir la basura para convertirla en un negocio modelo mundial, según palabras de la principal promotora.

Se necesita que la mayor parte del electorado participe en dicha consulta y esté a favor del proyecto de economía circular, de lo contrario, el primer piso de la cuarta transformación de Morena en Hidalgo se agrietaría con riesgo de colapsar y empezar de nuevo o requerir una intervención para que no se note la fractura y eso va requerir de mucho dinero.

DE MIS TREBEJOS

Los presidentes municipales están pasando por el peor periodo para gobernar, ni cuando la pandemia del COVID-19 fue tan malo, hoy están cooptados y la señal les llegó muy directa con el caso del crimen del de Pisaflores.

Viene un periodo invernal de fiestas y derroche de dinero, tiempo para congraciarse con los gobernados por parte de los funcionarios, porque si fue difícil el 2025, el 2026 será continuidad.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

X: @elsotanocolumna 

Escucha de lunes a viernes, de 2 a 3 pm Noticias del Valle en el 96.5 FM Radio Mezquital.

Una vez aprobado por los diputados federales, el presupuesto para el 2026; en Hidalgo se habla de que el año próximo habrá unos 65 mil millones de pesos disponibles para las diferentes áreas de acción del gobierno estatal.

Desde hace semanas se habla de reducciones importantes al sector salud y educación, pero todo puede cambiar, una vez que el Congreso local analice los temas prioritarios, principalmente después de la emergencia por las lluvias e inundaciones.

Donde es obligado un refuerzo presupuestal, será en tareas de infraestructura carretera, puentes y caminos locales que permitan incorporar (paulatinamente), a miles de habitantes de la zona Otomí-Tepehua, Sierra Gorda, Sierra Alta y Vega de Metztitlán, a la normalidad.

Las tareas asistenciales a cargo del DIFH, también podrían ser fortalecidas desde el perfil presupuestal lo mismo que las campañas de salud, principalmente en compra de vacunas.

El 2026 será un año lleno de matices políticos y en la segunda mitad, la opinión pública se volcará sobre el proceso electoral para renovar los ayuntamientos y el Congreso, sin olvidar la revocación de mandato (se lleve a efecto o no).

En esa condición, el gasto en infraestructura será severamente cuestionado por la oposición; todas las acciones en torno al proyecto denominado Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP), pasaran por un tamiz de cuestionamientos y descredito.

El manejo presupuestal para el 2026 será un tema político antes que operativo; los ataques sobre su aplicación abundarán; la argumentación oficial, como nunca, deberá ser sólida y coherente; principalmente en cuanto a la atención a todas las familias afectadas durante “el peor desastre natural de que se tiene registro en la historia de Hidalgo”.

La semana pasada, la auditoría superior del estado (ASEH) entregó al Congreso, informes individuales correspondientes a las cuentas públicas del 2024.

Como si fuera una casualidad, evidente no lo es, aparecen con muchos millones de pesos por comprobar, las administraciones de Tizayuca (Susana Ángeles); Mineral de la Reforma (Israel Félix) y Pachuca (Sergio Baños).

El tema de Tizayuca llama la atención porque desde hace tres años, la ASEH no disimula una persecución en contra de la ex alcaldesa, quién a pesar de ser militante distinguida de Morena, no comulga con la corriente local.

Por si fuera poco, el auditor Jorge Valverde fue titular de finanzas municipales del municipio cuando Susana Ángeles era alcaldesa y ahora es su escrutador.

En el caso de Mineral de La Reforma, finalmente la estrategia política sale a relucir, y las cuentas públicas del tercer año de la gestión de Israel Félix son observadas, lo que podría trastocar los acuerdos político-electorales que permitieron la llegada de la transformación a esa localidad.

Esta acción podría ser más perjudicial que benéfica si no hay un buen sustento contable o al final, sucede algo parecido a las investigaciones sobre el ex Oficial Mayor César Mora o la ex secretaria de Finanzas Jessica Blancas.

En la capital hidalguense, la ASEH plantea irregularidades en el pago de salarios a empleados municipales de los cuales no existe evidencia de alguna actividad o presencia; es decir, todo indica a que eran aviadores.

Ojalá que las denuncias hechas por la Auditoría Superior, se aclaren y si hay irregularidades, los responsables sean requeridos para resarcir el daño al erario público. Deseo que el fondo de las denuncias sea meramente el resultado de investigaciones fiscales legítimas, sin contaminación electoral o política porque lo que es hasta hoy, ninguno de los tres ex alcaldes señalados se han despeinado con señalamientos previos.