Existe una frase que en la comunicación política se repite con frecuencia pero se practica con escasez; “La comunicación no es lo que dices, sino lo que el otro entiende”. Actualmente, esa máxima ha dejado de ser un mero consejo retórico para convertirse en un imperativo. El paradigma cambió. No con la parsimonia característica de la burocracia sino con la contundencia de una ruptura. Y ante esa ruptura, la pregunta no es si los gobiernos deben adaptarse, eso ya no está en discusión, sino cómo hacerlo con convicción y resultados verificables.

Durante décadas, la comunicación gubernamental operó bajo la lógica del evento impecable, el slogan de sala de juntas y la imagen pulida hasta el milímetro. Esa arquitectura funcionaba cuando los medios tradicionales actuaban como filtros controlables. Ese ecosistema ya no existe, y pretender sostenerlo es desperdiciar recursos públicos en mensajes que el ciudadano, familiarizado por años de promesas incumplidas, descifra con rapidez y descarta con desconfianza.

El camino es abandonar el marketing político de fachada, lo que no implica renunciar a la comunicación estratégica. Implica reorientarla. Un gobierno puede, y debe, ser estratégico en sus mensajes, siempre que esa estrategia parta de una premisa diferente, la autenticidad no es debilidad comunicacional; es, en este momento histórico, la ventaja competitiva más poderosa que un funcionario puede cultivar.

Reconocer públicamente que una obra se retrasó, explicar con honestidad por qué, y comunicar el nuevo plazo con precisión no destruye la imagen gubernamental. La reconstruye sobre bases sólidas. Los ciudadanos no esperan perfección; esperan honestidad.

El social listening, la escucha activa y sistemática de lo que la ciudadanía expresa en redes, foros, grupos de WhatsApp y plataformas digitales, sigue siendo en la mayoría de las variadas areas gubernamentales una herramienta de monitoreo de crisis. Lo que ya es un desperdicio estratégico de primer orden.

Bien diseñada, la escucha social puede convertirse en un sistema de alerta temprana para la política pública; identificar dónde falla un programa antes de que el fracaso sea visible y se vuelva escándalo, detectar qué problema público no está siendo nombrado desde las instituciones, reconocer qué la angustia cotidiana, el desabasto, el corredor inseguro, la ventanilla que no responde,  merece una acción concreta antes de convertirse en estallido.

La propuesta operativa es directa, cada oficina de comunicación social debería contar con un protocolo formal de escucha ciudadana que no termine en el reporte semanal de métricas, sino que alimente, con mecanismos claros y plazos definidos, la agenda de las dependencias responsables. Escuchar sin cauce institucional es un gesto vacío. Escuchar con capacidad de respuesta es gobernanza.

Una comunicación gubernamental que habla con un solo tono para todos sus interlocutores no comunica, transmite. Y la transmisión, en un entorno de saturación informativa, simplemente no llega.

La solución no es complicada en su lógica, aunque sí en su ejecución. Una misma política pública puede y debe comunicarse en formatos distintos según el interlocutor. El video corto que explica en lenguaje llano el beneficio de un programa social, el hilo con datos duros para quien quiere profundidad, la reunión comunitaria para quien prefiere la voz y la presencia física. No son contradicciones; son capas del mismo mensaje verdadero, adaptadas a quien necesita recibirlo.

Esto exige equipos de comunicación con capacidad creativa real, no solo operativa. Y exige también la voluntad política de invertir en esa capacidad como se invierte en infraestructura: porque los rendimientos, aunque menos visibles en el corto plazo, son igualmente estratégicos.

La inteligencia artificial ha llegado a la comunicación gubernamental de forma inevitable. Y con ella, una paradoja que conviene nombrar: a mayor sofisticación tecnológica para segmentar y personalizar mensajes, mayor es la demanda ciudadana de autenticidad humana.

La IA puede optimizar tiempos de publicación, analizar tendencias, segmentar audiencias y generar insumos. Lo que no puede replicar es la empatía que surge cuando un servidor público mira a los ojos a quien padece un problema y asume, con honestidad, la responsabilidad de resolverlo.

Usar la inteligencia artificial para hacer más eficiente la comunicación, pero brindar el toque humano en cada punto de contacto que realmente importa. La credibilidad, el activo más escaso y más valioso de la política contemporánea, no se genera con algoritmos. Se genera con coherencia entre el discurso y la acción, y con la disposición genuina a corregir el rumbo cuando la evidencia lo exige.

La pieza final, y la más exigente es también la más transformadora. La comunicación política se legitima o se deslegitima en el terreno de las acciones concretas. No basta con escuchar con atención ni con comunicar con habilidad si el circuito no cierra en política pública verificable.

Dar cauce institucional al sentir ciudadano no es populismo reactivo. Es el ejercicio maduro de la responsabilidad del servicio público, identificar la demanda legítima, procesarla con rigor institucional, traducirla en acción pública medible y comunicar ese proceso, con sus avances, sus obstáculos y sus correcciones con la misma transparencia con que se escuchó la queja original.

Ese ciclo virtuoso es perfectamente construible. Requiere voluntad política, estructuras de comunicación con atribuciones claras, mecanismos formales de retroalimentación y, sobre todo, la convicción de que gobernar bien y comunicar bien no son tareas separadas: son las dos caras del mismo compromiso con la ciudadanía.

Los gobiernos que entiendan eso no solo comunicarán mejor. Gobernarán mejor. Y esa diferencia, al final del día, es la única que verdaderamente importa.

Presenciamos un gobierno federal, estatal y municipal en modo "Chimoltrufia": "como digo una cosa digo la otra".

En la Presidencia de la República están entrampados en el discurso de aplicar la ley en "los bueyes de mi compadre", y a los gobernadores de Morena la protección a costa de que están perdiendo credibilidad con el "pueblo bueno y sabio".

En el estado, el primer piso de la cuarta transformación a cargo de la administración pública de la alternancia, camina por el mismo sendero, con una narrativa de secundar lo que les dictan desde Palacio Nacional.

Pero, también tenemos actores hidalguenses con iniciativa propia, esos que utilizan a las instituciones para la venganza contra quien discierne de los datos oficiales: ¿Verdad, regidor del PVEM en Actopan?, ¿Verdad, familiares de los policías procesales adscritos a la SSPH y del perito en química forense de la PGJEH?, ¿Verdad, parientes y amigos de los funcionarios estatales y municipales?...

A nivel municipal es más evidente con los alcaldes, ya se vieron lejos de aparecer en una boleta electoral para reelegirse porque la sociedad los rebasó y pasaron de la crítica y acusaciones en las "benditas redes", a las manifestaciones en vivo y las denuncias penales por parte de los síndicos. 

Si nos allegamos de "noticias no falsas", encontraremos que a nivel federal las investigaciones contra morenistas en activo provienen del exterior; en el ámbito estatal la filtración es de aquellos que formaron parte del régimen anterior; y en lo municipal roban a lo descarado porque los protegen los demás gobiernos ya que todo va a la misma gran bolsa. 

El ingrediente común que tienen (de los que no escribimos sus nombres por falta de espacio), es que son torpes y suponen que el pueblo bueno y sabio es su cómplice porque reciben su tajada en forma de programa social.

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Las recientes solicitudes de extradición de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de alto nivel, generaron una crisis política que impacta directamente la imagen de Morena y la narrativa del Gobierno Federal previo a los procesos electorales locales y federales del 2027.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos por narcotráfico y delitos de armas contra una decena de políticos mexicanos ante una corte en Nueva York.

Se les acusa de conspirar con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa para importar drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

El gobierno de México adoptó una postura de defensa de la soberanía y exigencia de pruebas legales rigurosas.

La estrategia política implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum para contrarrestar el embate, utiliza los canales diplomáticos y argumentos legales para pausar o cuestionar las solicitudes del gobierno norteamericano 

La presidenta Sheinbaum declaró que no se actuará sin pruebas irrefutables, señaló que las solicitudes actuales del Departamento de Justicia carecen de elementos probatorios suficientes bajo la ley mexicana. 

El discurso oficial presenta  el caso como una injerencia extranjera con posibles fines políticos, afirmando que "la soberanía nacional “, no se negocia.

La Fiscalía General de La República (FGR), condicionó cualquier orden de aprehensión o avance en la extradición al agotamiento previo de los procesos de retiro de fuero para los funcionarios en activo.

La FGR, dió visita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que ahí se entreguen las solicitudes del gobierno norteamericano y los envió a la fiscalía para que esta analice si cumplen con los requisitos del tratado bilateral y la normatividad nacional, un proceso que puede tomar tiempo considerable. 

Para evitar que este conflicto afecte la estabilidad interna del partido oficial (Morena), y la confianza pública, la presidenta hizo un llamado a la Unidad Nacional. 

“La unidad frente al embate exterior, descalificando las críticas de la oposición (a quienes denomina el "Mcprian") y acusándolos de promover mentiras.

Fue sugerido que las acusaciones podrían tener objetivos políticos por parte del sistema judicial estadounidense para debilitar la administración de la presidenta Sheinbaum.

Aunque defiende el debido proceso, la Jefa del Ejecutivo insistió en que su gobierno "no va a cubrir a nadie que haya cometido un delito", intentando separar la integridad de la institución presidencial de las acciones individuales de los señalados.

Mientras el gobierno mexicano gestiona la crisis diplomática, Sheinbaum Pardo continúa promoviendo planes de infraestructura y desarrollo para mantener la atención en los logros de la actual administración; una tarea que será reforzada por los gobernadores de Morena en sus entidades correspondientes.

Se trata de un partido relativamente joven, lleva dos triunfos al hilo de la Presidencia de la República Mexicana. Algunos de quienes lo representan como figuras gubernamentales, está visto, fallaron y sí mintieron, traicionaron y robaron al pueblo; no hay vuelta atrás ni manera de ocultarlo.

"...no va a pasar nada", es lo que dijo el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, a las pocas horas de que se conociera que Estados Unidos pidiera su extradición y la de nueve hombres más por, los datos con los cuales cuentan, su narcorrelación con capos de su estado natal.

Aquí en Hidalgo, su frase tiene mucho de cierto porque hay señalamientos con denuncias de por medio contra funcionarios y en efecto, son protegidos desde el estado para que no proposperen las acusaciones así vengan de propios morenistas.

Ya nos enteraremos qué pasa, por ejemplo, con la expresidenta municipal de un territorio colindante con el Estado de México.

Si regresa el dinero público que presuntamente desvío, es aceptar que lo agarró, y si no lo devuelve es atenerse a que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) interponga la denuncia penal.

Se acabaría su carrera política y también sus aspiraciones a competir por la candidatura a la gubernatura. Igual que a los sinaloenses, que ya no tienen futuro en Morena.

Pero solo es una historia de las que abundan, en secreto a la opinión pública, de los morenistas que "en arca abierta hasta el más justo peca".

Si hay un hidalguense que defienda a Rubén Rocha, es porque sabe que está "embarrado" o/y "cojea del mismo pie". 

Todavía quedan lejos las elecciones de junio de 2027, los rostros que tenían en la mira aparecer en las boletas para ayuntamientos y diputaciones, deberán pasar el filtro de Ariadna Montiel Reyes y si demuestran honorabilidad y honestidad, quizá, quizá, salgan en las fotos de diciembre y les cumplan los Reyes Magos su deseo. 

DE MIS TREBEJOS

Entrevisté al diputado local por el Distrito Electoral Local de Actopan, Miguel Ángel Moreno, y me quedó la impresión de que: el "pueblo bueno y sabio" no se le acerca o desconoce lo que sucede en la administración pública de su paisana Imelda Cuellar o finge muy bien que hay desvíos en el pago del impuesto predial. 

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