En la historia de México, las relaciones con la comunidad judía internacional han sido marcadas por episodios de alta tensión que reflejan no solo los desafíos de la política exterior, sino también las complejidades internas de un país en constante búsqueda de su lugar en el mundo. Dos momentos, separados por casi medio siglo, ilustran cómo las decisiones gubernamentales pueden desatar controversias con repercusiones económicas y diplomáticas: el boicot turístico de 1975 durante el gobierno de Luis Echeverría y el reciente señalamiento de empresarios israelíes contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Ambos casos, aunque distintos en su naturaleza, revelan la fragilidad de las relaciones internacionales. 

En 1975, el presidente Luis Echeverría, en su afán de posicionar a México como líder del Tercer Mundo y aspirante a la Secretaría General de la ONU, respaldó la Resolución 3379 de la Asamblea General, que equiparaba el sionismo con una forma de racismo. Esta decisión, tomada en el contexto de la Guerra Fría y la alineación con el Movimiento de Países No Alineados, desató una reacción inmediata de la comunidad judía estadounidense, que organizó un boicot turístico contra México. En un país donde el turismo era una fuente clave de ingresos, la acción golpeó duramente la economía, especialmente en destinos como Acapulco y Cancún. La comunidad judía mexicana, que para entonces ya se identificaba plenamente como parte de la nación, jugó un papel crucial en la mediación, logrando que Echeverría rectificara parcialmente su postura mediante diálogos con líderes judíos y una visita del canciller Emilio Rabasa a Israel, aunque este último terminó sacrificado políticamente como chivo expiatorio. 

Este episodio dejó una lección clara: las decisiones de política exterior, especialmente en temas sensibles como el conflicto árabe-israelí, pueden tener consecuencias económicas devastadoras si no se miden con cuidado. Echeverría subestimó el poder de la diáspora judía y pagó un costo elevado, no solo en términos económicos, sino también en la percepción de su gobierno como torpe en el manejo de las relaciones internacionales.

Casi cinco décadas después, un nuevo escándalo se cierne sobre nuestro país. Empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto para financiar su campaña en 2012. A cambio, según estas acusaciones, se facilitó la venta del software espía Pegasus y equipo militar a instituciones mexicanas como la Sedena, la PGR y el Cisen.

Las consecuencias de decisiones que, aunque tomadas en contextos distintos, han colocado a México en el centro de controversias con la comunidad judía internacional. Mientras que en 1975 el boicot turístico liderado por la comunidad judía estadounidense fue una respuesta directa a una postura ideológica de Echeverría, los señalamientos actuales contra Enrique Peña Nieto por presuntos vínculos con empresarios israelíes reflejan un problema más profundo: la percepción de México como un terreno fértil para actividades ilícitas, ya sea por debilidad institucional o por decisiones políticas opacas. Ambos episodios, separados por décadas, nos invitan a reflexionar sobre las posibles repercusiones de los señalamientos actuales y su impacto en la relación de México con la comunidad internacional y el escenario geopolítico.

La comunidad judía mexicana, que históricamente ha sido un puente para resolver conflictos, podría enfrentar presiones internas y externas para pronunciarse sobre este caso. Si las acusaciones se confirman, y surge más información relacionada, podrían dañarse las relaciones bilaterales con Israel, un país con el que México mantiene acuerdos comerciales y de cooperación tecnológica.

Similar al boicot turístico de 1975, los señalamientos actuales podrían afectar la confianza de inversionistas extranjeros, particularmente en el sector tecnológico y financiero. La mención de Pegasus, un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group, pone en entredicho la transparencia de las compras gubernamentales en México. 

Además, las recientes acusaciones de lavado de dinero a instituciones financieras mexicanas, aunque no directamente relacionadas con el caso Peña Nieto, han llevado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a sancionar a  CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

A esta trama se suma lo acontecido en junio del 2022 en el aeropuerto de Queretaro, donde piso suelo mexicano una aeronave de Emtrasur vinculada a Mahan Air y Conviasa (Iran - Venezuela). La mención de Irán en este escándalo introduce un elemento de alta sensibilidad geopolítica.

Tanto el episodio de Echeverría como los señalamientos actuales subrayan la necesidad de una política exterior y de seguridad más cuidadosa y transparente. México no puede permitirse decisiones que lo coloquen en el centro de controversias internacionales. En un mundo donde las redes criminales y los intereses geopolíticos se entrelazan con facilidad, México debe aprender de su historia para evitar repetir los errores del pasado. 

El boicot de 1975 fue una lección de humildad para Echeverría; los señalamientos de 2025 podrían serlo para el sistema político mexicano en su conjunto si no se abordan con seriedad y responsabilidad.

El sigiloso operativo inició al despuntar el sol y concluyó cuando ya se había ocultado. Era jueves tres de julio. Agentes de la Fiscalía General de la República ingresaron al domicilio ubicado en la esquina que forman la calle del Cano con avenida del Mercado en el barrio La Capilla, cerca de la presidencia municipal de El Arenal.

Cajas, vehículos y personas fueron asegurados, de acuerdo con la versión de los vecinos que identifican ese inmueble como el supuesto centro de operación de una familia dedicada a la delincuencia y el narcomenudeo, que llevaban varios años asolando el municipio y sus alrededores.

“Entraban y salían personas en motos, ya llevaban años así, todo mundo lo sabíamos (de sospechar de actividades ilícitas), pero hasta ahora los detuvieron”, es lo que afirmó un testigo de la movilización del jueves.

Al parecer de entre los detenidos, había un sujeto de 70 años, el cabecilla que junto con otros familiares mantienen operaciones delincuenciales en la región y contarían con una red de protección municipal.

Es sabido de la existencia de los narcogobiernos. México no es la excepción.

Una parienta de quienes habitaban el enorme predio al que le colocaron letreros de “INMUEBLE ASEGURADO” es Karina López Ayala, dos veces candidata de Morena a la presidencia de El Arenal, en 2016 y 2020. 

Suplente de la entonces diputada federal del mismo partido, Sandra Simey Olvera Bautista; dice ser “licenciada” y no se encontró registro de cédula respectiva.

Karina López es prima de Omar López Pérez, asistente de seguridad del alcalde priísta Jensen Benony Oropeza Pérez, el funcionario es a su vez familiar de “El Chanclotas”, cuyo cuerpo sin vida  apareció embolsado y con huellas de tortura en el bulevar de acceso a Tasquillo, en una madrugada pasada. No es el único en la nómina municipal, tiene otro pariente de compañero 

La mujer incursionó en la política por su cercanía a Dolores Padierna, relación que trabó durante su vivencia en la Ciudad de México, de donde provenía cuando fue derrotada la primera vez que compitió por la alcaldía.

A la amplia familia se le conoce como “Los Malacos”, uno más bajo el alías “El Cebú”, fue videograbado y hay testigos que vieron cuando macheteó a un policía municipal, a la fecha sigue impune la agresión que dejó al oficial discapacitado. 

Quizá sea mala suerte de Jensen Oropeza, pero en su afición de sacarse fotos con la gente, aparece con una presunta tía de Karina, hermana de su papá y madre del “Cebú”.

También, aunque ya borró las imágenes de sus redes sociales, el presidente municipal aparecía con el ahora exdelegado del Bocja, quien fue detenido en un cateo a una vivienda en esa comunidad donde encuentraro posible droga, armas, dinero y otros objetos, de acuerdo con el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo del mes de marzo de 2024.

Las historias de presuntas actividades delincuenciales que rodean a “Los Malacos” son conocidas por los arenalenses, como su relación con las autoridades municipales en turno.

Por cierto que le atribuyen a Jensen Oropeza la propiedad de un medio de comunicación digital, de los cuales dos de sus integrantes estarían cobrando doble sueldo al ser funcionarios municipales también, y que viven cerca del inmueble asegurado, sin que por ser intereses noticioso hayan cubierto la movilización del caso que sí fue publicado en otros medios de cobertura local.

DE MIS TREBEJOS

Se preguntan los barbacoeros de Actopan, cómo le va hacer la presidenta municipal, Imelda Cuellar Cano para comprobar y demostrar que con el récord Guiness de la fila más larga de tacos de ese platillo, aumentará la afluencia turística a la localidad.

Mientras Imelda Cuellar alzaba el título del récord Guiness el viernes, en otra parte de Actopan, civiles golpeaban y amarraban a dos presuntos delincuentes, que entregarían a las autoridades respectivas.

El primer informe de fiscalización a la cuenta pública 2024 a los municipios, demostró que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y su titular Jorge Valverde Islas, no deben tocar a las administraciones de los ayuntamientos emanados de Morena con el pétalo de una observación.

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X: @elsotanocolumna

El trabajo del gobierno hidalguense y del jefe del ejecutivo Julio Menchaca recibieron un reconocimiento y respaldo nunca antes registrado.

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció dos nuevos polos de desarrollo para la entidad como parte de la estrategia denominada Plan México y existe la posibilidad de que autorizar un tercero.

Hay razones claras por las que la visión económica nacional apunta a territorio hidalguense; en los últimos dos trimestres, la economía del estado se expandió un 1.15 por ciento en promedio. Previo a esto, su economía había crecido a una tasa promedio anual de 1.18 por ciento entre 2018 y 2023.

Hace dos años el registro de puestos de trabajo ante el IMSS de Hidalgo se ubicó con un incremento del 5.0 por ciento

El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), 2023 reportó que el Producto Interno Bruto (PIB), tenía valores constantes para Hidalgo con un valor de 442 971 millones de pesos. Esto implicó un incremento, en términos reales, de 2.7 por ciento respecto del valor de un año antes.

De esta forma, hay sustento para confiar en un desarrollo sostenido de la economía y una previsión a futuro igual o mayor.

¿Por qué los Polos en Tula y Zapotlán?

Los dos municipios que destacaron por sus ingresos, con 10.1 por ciento y más, son Atitalaquia y Pachuca de Soto; les siguieron los municipios de Tula de Allende y Tizayuca, los cuales se ubicaron en el estrato de 5.1 a 10.0 por ciento en ingresos, según datos del INEGI.

Un dato destacado es la existencia de 98 mil 567 establecimientos en Hidalgo, 2.3 por ciento del total del país.

La otra parte.

En Hidalgo, el desarrollo social se ubica en un contexto complejo. Si bien hay avances en la reducción de la pobreza extrema y la carencia alimentaria, el estado aún enfrenta desafíos significativos en términos de pobreza y desigualdad. 

Hidalgo es reconocido por reducir la pobreza extrema y la carencia por acceso a la alimentación, ocupando el quinto y sexto lugar a nivel nacional, sin embargo, el estado aún presenta un porcentaje de pobreza mayor al promedio nacional, con un 1.9 puntos porcentuales más que el porcentaje nacional 41.9 por ciento según Coneval.

La desigualdad entre los municipios es otro reactivo en la ecuación que el gobierno debe resolver con algunos concentrando la mayor parte de la población en pobreza extrema.

Según los datos, aproximadamente de 1.16 millones de personas en Hidalgo presentan al menos una carencia social (agua potable, electricidad, drenaje, servicios básicos), según el informe de Coneval.
Municipios como Huejutla de Reyes, Tlanchinol y Acaxochitlán, tienen una alta concentración de personas en pobreza extrema.

Hidalgo muestra avances en el desarrollo social, especialmente en la reducción de la pobreza extrema, pero aún enfrenta desafíos importantes en términos de pobreza general, desigualdad y rezago social. La situación varía significativamente entre municipios por ello la ubicación de los nuevos polos de desarrollo, se espera, generen una estela de beneficios que pronto cambie las condiciones sociales. 

X: @LasVocalesRadio

 La reciente designación de Tlaxcoapan (en la región de Tula) y Zapotlán de Juárez como Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBIS) posiciona a Hidalgo como un caso único en México, al contar con dos polos dentro de los 15 anunciados por el gobierno federal como parte del Plan México.

Esta distinción, formalizada ella semana pasada mediante un convenio entre el gobernador Julio Menchaca y la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una oportunidad histórica para detonar el desarrollo económico y social del estado. Sin embargo, para maximizar los beneficios de estos polos y alinearlos con la actualización del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2028, Hidalgo debe incorporar lecciones de experiencias similares, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y apuntalar estrategias específicas. 

Los polos de Tlaxcoapan y Zapotlán están diseñados para atraer inversión nacional y extranjera mediante incentivos fiscales, como la deducción inmediata del 100% en activos fijos nuevos y bonificaciones del 25% por capacitación e innovación. Según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, los 15 polos nacionales generarán 300,000 empleos y una inversión equivalente al 1.5% del PIB.

En Hidalgo, el polo de Tlaxcoapan, enfocado en la economía circular, promoverá la generación de energía y el reciclaje de desechos industriales, abordando la contaminación en una región históricamente afectada. Por su parte, Zapotlán, cerca del AIFA, albergará industrias farmacéuticas, automotrices, aeroespaciales y logísticas, aprovechando su conectividad con el Tren AIFA-Pachuca. Estos proyectos complementan los logros del gobierno de Hidalgo, que reporta inversiones por 157,000 millones de pesos y 117,000 empleos generados en la primera mitad de su administración. 

Los PODECOBIS no solo buscan crecimiento económico, sino también desarrollo urbano sostenible, con vivienda digna, servicios cercanos y empleos de calidad. En Tlaxcoapan, el Centro de Economía Circular promete reducir la contaminación y los lixiviados, mejorando la calidad de vida en una región conocida por sus desafíos ambientales. En Zapotlán, la cercanía al AIFA y el tren fortalecerá la integración a la zona metropolitana, potenciando el acceso a mercados nacionales e internacionales. Estos avances promoverán un desarrollo más equitativo, beneficiando a comunidades marginadas y reduciendo las brechas históricas en infraestructura, salud y educación.

Además Zapotlán, colindante con el AIFA, se beneficiará del Tren AIFA-Pachuca. Este proyecto, con una inversión de 20,000 a 50,000 millones de pesos, generará 125,000 empleos y mejorará la movilidad de 1.2 millones de habitantes. La infraestructura vial y ferroviaria, junto con la oferta educativa de instituciones como la UAEH, posiciona a Hidalgo como un nodo logístico y de talento humano. 

La implementación de los polos y la actualización del PED abren un horizonte prometedor, pero también presentan desafíos. En el corto plazo (2025-2027), la instalación de empresas, que comenzará en agosto de 2025 tras las licitaciones, detonará la creación de clústeres industriales y empleos formales. En el mediano plazo (2027-2030), los polos pueden consolidar a Hidalgo como un referente en economía circular y logística, especialmente si se integran con proyectos como el parque industrial de Ciudad Sahagún, propuesto por el gobernador Menchaca como un tercer polo potencial. En el largo plazo, el éxito dependerá de la capacidad de mantener un crecimiento sostenible, evitar la gentrificación y garantizar que los beneficios lleguen al mayor número de comunidades locales.

Sin embargo, los desafíos incluyen la necesidad de mitigar impactos ambientales, especialmente en Tlaxcoapan, donde la región de Tula enfrenta problemas históricos de contaminación. Además, la alta demanda de infraestructura (agua, energía, telecomunicaciones) y la capacitación de la fuerza laboral requerirán una coordinación efectiva entre los sectores público, privado y académico. La experiencia de Ciudad Sahagún, con su declive tras las privatizaciones de los años 80, subraya la importancia de políticas que fomenten la estabilidad económica y el arraigo laboral.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con polos de desarrollo como el de Salina Cruz, ofrece lecciones valiosas para Hidalgo. Este proyecto, iniciado en 2019, busca integrar infraestructura portuaria, ferroviaria y logística para detonar el desarrollo económico en Oaxaca y Veracruz. Los puntos clave aplicables son: consulta y participación ciudadana: El Corredor realizó consultas indígenas y comunitarias para garantizar la aceptación social, un modelo que Hidalgo debe replicar, especialmente en Tlaxcoapan, donde las comunidades cercanas a Tula han enfrentado impactos ambientales. El PED debe priorizar foros participativos, como los 105 realizados en 2022, y extenderlos a comunidades indígenas y juveniles. 

El éxito del polo de Salina Cruz depende de su conectividad (carreteras, puertos, aeropuertos) y acceso a servicios como agua y energía. Hidalgo debe garantizar estas condiciones en Tlaxcoapan y Zapotlán, invirtiendo en infraestructura vial, como la mejora de la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, y asegurando el suministro de agua potable y tratada. 

La mitigación ambiental es importantísima, deben aplicarse medidas de restauración ecológica, un aspecto crítico para Tlaxcoapan, donde el Centro de Economía Circular debe implementar tecnologías innovadoras para tratar desechos sin generar lixiviados, como se destacó en la mañanera de junio de 2025.

Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcoapan y Zapotlán representan una oportunidad única para transformar Hidalgo en un motor económico nacional, pero su éxito depende de una actualización robusta del Plan Estatal de Desarrollo. Al integrar lecciones del Corredor Interoceánico, como la participación ciudadana, la infraestructura estratégica y la sostenibilidad, Hidalgo puede consolidar un modelo de desarrollo inclusivo y equitativo.

La propuesta de un tercer polo en Ciudad Sahagún, como sugirió el Gobernador Julio Menchaca, debe ser una prioridad en la prospectiva, capitalizando su legado industrial y su potencial logístico. Con una planificación rigurosa, transparencia y voluntad política, Hidalgo puede convertir estos polos en un legado tangible de bienestar para sus habitantes.