La disputa por tierras federales en los límites de Real del Monte y Mineral de La Reforma esconde intereses económicos muy importantes

Todo indica que el problema de El Velillo, en Mineral de la Reforma, va para largo ya que el predio en disputa comprende casi mil 100 hectáreas y son terrenos federales en los límites de ese municipio y Real del Monte.

Hay dos organizaciones que disputan terrenos en la zona, ambas argumentan que tienen derecho, gracias a donaciones o derechos de sucesión testamentaria pero solo los afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) presentan documentos mientras que la organización de vecinos que ya invadió la zona, no ha hecho público ningún documento.

Los invasores son liderados por Jesús Oropeza Prado que fraccionó, sin permiso alguno, 300 lotes que entregó a igual número de seguidores y por ello cobra mil pesos mensuales a cada uno.

Las partes involucradas acordaron con las autoridades estatales que el 5 de agosto pasado, habría trabajos de medición en la zona a cargo de topógrafos para tener claro las dimensiones y linderos; todos estuvieron de acuerdo y firmaron una minuta al respecto.

El día de los trabajos de medición ya no se presentaron los seguidores de Jesús Oropeza, pero a la hora de la comida, reclamaron a los trabajadores su presencia y ahí se desató la batalla campal.

PROTESTAN EN SECTOR PRIMARIO

Durante las primeras horas de la mañana de ayer, 12 de agosto, integrantes de la UNTA se postraron a las afueras de la sede de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), al acusar parcialidad de parte de las autoridades de la institución.

Precisamente, señalaron al subprocurador de la PGJEH, Irám González Pérez, de conducirse de forma parcial en el conflicto del predio ubicado en Mineral de la Reforma y Mineral del Monte.

Los quejosos, con varias consignas e impidiendo el ingreso y salida de personal de la dependencia estatal, acusaron que González Pérez podría tener intereses políticos y personales en el asunto, por lo que exigieron no favorezca a una de las partes involucradas.

Paralelamente, habitantes de la comunidad Azoyatla, de Mineral de la Reforma, y también partícipes en la UNTA en dicho conflicto agrario, realizaron un plantón en las instalaciones del Congreso de Hidalgo.

Sobre la vía pública, el presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara local, Andrés Velázquez Vázquez, dialogó con los protestantes, quienes afirmaron que el conflicto data desde 2016, tras la apropiación de más de 200 hectáreas de parte de Jesús Oropeza Prado, quien dice ser líder de la Asociación de Pequeños Propietarios.

Recordaron que dicho personaje mantiene 13 carpetas de investigación ante la PGJEH ligadas a delitos como despojo, asalto, robo y lesiones.

Velázquez Vázquez, en búsqueda de mediar el conflicto, se comprometió a dar seguimiento en la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría Agraria, así como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), del Gobierno de México.

Sin embargo, hizo patente su preocupación por el daño al medioambiente que se está generando en la zona, toda vez que afirmó, es un espacio protegido por las leyes federales, por lo que no deberían existir asentamientos urbanos ni tala de árboles.