En un esfuerzo por asegurar un cambio de gobierno ordenado y transparente en las administraciones municipales, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, a través de la Secretaría de Contraloría, a cargo de Álvaro Bardales, implementa un riguroso proceso de auditoría y acompañamiento.

Esta medida busca garantizar la correcta administración de los recursos públicos, fortalecer la rendición de cuentas, al tiempo que se gestiona una transición eficiente y ordenada.  

Actualmente, la Secretaría de Contraloría brinda apoyo directo a los municipios de Atitalaquia y Tecozautla, este acompañamiento se centra en la integración de la información relativa a la entrega-recepción de obra pública, recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales.

Las principales áreas de supervisión incluyen:

• Que todas las obras de 2023 estén concluidas y cuenten con el Acta de Entrega Recepción correspondiente.
• Verificar que los municipios tengan la solvencia financiera adecuada para el cierre del año 2024.
• Evitar la autorización de bonos o recursos para conceptos no aprobados en las partidas presupuestarias.
• Prevenir movimientos de personal que pudieran derivar en juicios laborales que afecten el patrimonio municipal.

La dependencia busca que se cumpla con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los Códigos de Ética y Conducta. 

Las auditorías en curso evaluarán el uso de recursos en los municipios de Tlaxcoapan, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma y Apan, lo cual abarca fondos administrados durante 2022, 2023 y el primer semestre de 2024. Estos exámenes consideran las reincidencias de observaciones y quejas ciudadanas.

De igual forma, se notificó observaciones a varios municipios:

• Tula de Allende: $93,000,398.16
• Atitalaquia: $23,973,832.62
• San Agustín Tlaxiaca: $4,425,630.60
• DIF de San Salvador: $26,290.34

Las observaciones incluyen irregularidades en operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales, falta de documentación comprobatoria, facturación cancelada, subejercicio de recursos y adquisiciones improcedentes.

En el municipio de Ajacuba, se detectó un monto no solventado de $41,725,060.58 durante las auditorías de 2022 y 2023. Se le solicitó al Titular del Órgano Interno Municipal que proceda conforme a derecho y que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos responsables de las irregularidades encontradas.

Estas acciones reflejan el firme compromiso del gobierno hidalguense en el combate a la corrupción, la transparencia y un manejo adecuado de los recursos públicos, que no solo fortalecen la confianza ciudadana, sino que también mejoran los servicios y la infraestructura pública.