Las Mesas de Acercamiento de Bienestar y Paz organizadas por el gobierno de Hidalgo reportan un éxito notable en términos de atención directa, resoluciones institucionales y coordinación operativa. 

Bajo la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar y la ejecución operativa de la Secretaría de Gobierno, que dirige Guillermo Olivares Reyna, este programa se consolidó como un mecanismo de proximidad social efectiva.

Los logros más destacados de esta estrategia se dividen en rubros como la resolución de demandas ciudadanas y la atención masiva de casos.

Las mesas, desde su instalación, atendieron cientos de planteamientos ciudadanos de manera presencial y superan los 700 casos resueltos, de forma directa, en diversas regiones del estado.

El modelo de trabajo de las mesas, no se limita a escuchar solamente; las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a regresar a los municipios (como se hizo recientemente en El Arenal y Acaxochitlán), para entregar soluciones tangibles e informes de rendición de cuentas.

El modelos de Mesas de Acercamiento, Bienestar y Paz

Combate a la corrupción interna.

Los reportes recabados en los municipios visitados, permitieron detectar y sancionar a funcionarios indolentes o negligentes, particularmente dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

La coordinación derivada de las Mesas de Seguridad permitió alcanzar 65 por ciento de recuperación de vehículos robados y 94 por ciento de efectividad en la prevención de extorsiones en el estado.

La atención en municipios alejados de la capital hidalguense como San Bartolo Tutotepec, recibió brigadas de asesoría legal, trámites de registro civil y servicios médicos especializados directos; de esa forma se evitó que los pobladores gasten en traslados costosos hasta Pachuca. 

Las estrategias diseñadas en estas mesas están alineadas con la Estrategia Nacional de Seguridad y con entidades vecinas del centro del país para desplegar operativos conjuntos de vigilancia en cajeros automáticos, carreteras y eventos masivos. 

A pesar de estos avances, comunidades locales e indígenas de zonas como la zona Otomí-Tepehua  exigien una mayor frecuencia en estos recorridos ante problemáticas persistentes de delincuencia común y afectaciones climáticas