El retraso en la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (aprobado en septiembre del 2021), que sustituirá a la actual Procuraduría General de Justicia PGJEH, se debe principalmente a una serie de prórrogas aprobadas por el Congreso local, extendiendo la fecha límite para completar la transición hasta julio de 2028.

Las razones clave de lo que ya se considera una demora, puesto que Hidalgo es de los últimos estados en concluir la transición son: 

Falta de Presupuesto.

La transición técnica, administrativa y de infraestructura requiere una inversión significativa. Para el año 2026, se estima que se destinarán aproximadamente 184 millones de pesos específicamente.

Complejidad de la Reingeniería Institucional.

El cambio no es solo de nombre; implica una transformación profunda para garantizar la autonomía técnica y de gestión, así como la depuración de personal y la actualización de procesos internos. 

Leyes Secundarias Pendientes.

A marzo de 2026, aún se reportaba la falta de leyes secundarias necesarias para reglamentar la reforma judicial en el estado, lo que impide avanzar con la estructura legal de la nueva Fiscalía.

Originalmente la transformación planteó un plazo más corto, sin embargo tras la orden de creación en 2022, el Congreso local aprobó al menos tres prórrogas bajo el argumento de llevar una transición ordenada y no apresurada.

Actualmente, Francisco Fernández Hasbun se encuentra al frente de la Procuraduría como encargado de despacho, liderando los trabajos de transición que se prevé continúen durante todo 2026, pero las presiones operativas y políticas van en aumento. 

Francisco Ángel Fernández Hasbun es el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) desde enero de 2024, nombrado para dar continuidad a las investigaciones de la Estafa Siniestra y la transición a Fiscalía tras la renuncia de Santiago Nieto.

Puede decirse que la gestión de Fernández Hasbun, se enfocó al combate a la corrupción, desarticulación de bandas delictivas y la vinculación a proceso de exservidores públicos.

Asumió el cargo, según declaró a los medios locales, “para garantizar que no hubiera demoras en las investigaciones en curso, incluyendo el caso de la Estafa Siniestra".

Desde su llegada a la PGJEH, reportan la desarticulación de 21 bandas delictivas y la detención de líderes generadores de violencia. 

Bajo su dirección, se procesaron a exservidores públicos, incluyendo exalcaldes y exfuncionarios estatales y municipales. 

A partir de su comparecencia ante diputados locales (en la glosa del tercer informe del Gobernador) , la presencia ante los medios de comunicación del encargado del despacho de la  PGJEH se redujo exponencialmente.