Nos faltan 170 hidalguenses y un solo mensaje oficial por su ausencia no existe.

Pese a que las autoridades estatales saben exactamente dónde se encuentran no ha movido un funcionario ni desplegado operativo alguno para ir por ellos, como los que sí activa cuando se trata de un delito de alto impacto mediático.

La justicia que se imparte en Hidalgo nuevamente quedó entredicha sobre la supuesta imparcialidad de quienes la detentan y aplican.

El caso de las infantes que habrían sido abusadas sexualmente que involucran a personajes de Zimapán cobró notoriedad, otra vez, porque se liberaron órdenes de aprehensión contra esos imputados, una de las cuales es diputada local emanada de Morena, cuyos militantes distinguidos la defendieron y tienen fotos en las que posan sonrientes con los ahora perseguidos 

Así como están las cosas en materia de inseguridad y aplicación de la justicia, y que los principales responsables de su prevención y captura de los culpables han escuchado en voz  del pueblo bueno y sabio que ha tenido que denunciar los delitos que le afectan, persiste la corrupción y manipulación de las denuncias en favor de quienes sobornan con dinero a los que deberían detenerlos.

Está visto que no entienden que no entienden que la cuarta transformación ya llegó a Hidalgo -escuchen a la gente- los que habitan en la Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública estatales. 

Fue un 27 de abril de 2024 cuando el posible delito de desplazamiento forzado por motivos religiosos se cometió en Coamila y Rancho Nuevo, en Huejutla, en la que sus autoridades auxiliares municipales apoyados por habitantes desterraron a 170 de sus vecinos, entre infantes, adolescentes y adultos, todos evangélicos que llevaban tiempo siendo objeto de ataques por intolerancia de credo.

Aquí también hay un delito impune, asegura su abogado y los propios expulsados, pero a diferencia del caso de Zimapán, no se les ha ocurrido filtrarse en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir la intervención del aparato de gobierno federal.

Mientras eso suceda o no, los 170 desplazados forzadamente por sus creencias religiosas están rehaciendo su vida en un municipio de Veracruz; allá, lejos de los efectos y consecuencias de un papel firmado, entre otros, por Guillermo Olivares, secretario de Gobierno, y Margarita Cabrera, directora de Asuntos Religiosos de Alto Impacto.

DE MIS TREBEJOS

De tantas capacitaciones, reuniones informativas y explicaciones sobre sus funciones y obligaciones a los empleados municipales, que ya los pusieron entre la espada y la pared: por un lado el alcalde que los obliga a desviar recursos públicos y por el otro están saliendo a la luz que no saben justificarlos, y ni modo que se den un balazo en el pie en el partido Morena al exhibir que los delincuentes están en casa. 

Siete meses después están presentando el Plan de Desarrollo Municipal de Pachuca, tiempo que consumieron y dejaron crecer un problema de comercio ambulante en Valle de San Javier, ahí el perfil educativo y profesional de los vecinos no se conforma con un acuerdo en papel, exigirán hechos inmediatos cuando realicen una manifestación que ponga en riesgo la permanencia de los que ocupan la Dirección de Comercio y Abasto por la supuesta complicidad con los vendedores.

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