La lucha por ganar espacios a la expresión libre de ideas o para buscar condiciones de igualdad en Hidalgo no es un tema reciente, si hablamos de instituciones tradicionalmente controladoras y poco tolerantes a las libertades podemos destacar a la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde hace muchas décadas, no hay espacio para el debate de ideas, sin importar los discursos o las declaraciones que sus autoridades ofrezcan; realidad ha sido y es evidente.

Episodios claros de esta intolerancia abunda en la historia reciente y no tan reciente de la llamada Máxima Casa de Estudios.

El ejemplo más reciente de este asunto fue en septiembre del 2023 cuando una protesta estudiantil en el Instituto de Artes, escaló hasta llegar a un enfrentamiento en el Centro Cultural Universitario, La Garza.

De aquella situación se derivó un paro de labores y una enorme conmoción en la comunidad estudiantil y en la sociedad hidalguense. Fue necesaria la mediación del gobierno de julio Menchaca para resolver el problema y conseguir que los universitarios regresaran a las aulas.

Las marchas del 8M en Pachuca se vieron contaminadas por varios factores externos, sin duda en la confusión se presentan diferentes versiones, todas legítimas de los acontecimientos, pero una institución marcada por una larga historia de abusos a sus alumnas y alumnos, secuestros, intimidaciones y cuya principal divisa es la violencia contra todos aquellos que osan denunciar o señalar, ¿tiene calidad moral para hablar de la paja en el ojo ajeno sin percatarse de la viga en el propio?

En el portal acidehidalgo.com suman más denuncias en contra de funcionarios del UAEH, entre las que destacan una por acoso sexual, presuntamente cometido por Crecenciano Z. R. administrador del edificio central universitario.

Además, este sujeto fue identificado como uno de los agresores a estudiantes el día de los enfrentamientos en el edificio central de la Universidad.

Otro ejemplo: el año pasado, la UAEH dio a conocer un informe sobre las denuncias que recibió de parte de su alumnado sobre abusos, violencia y acoso sexual.

De esta forma se conoció: que, de enero a junio del 2024, fueron recibidas 90 quejas, cerca del 50 por ciento son de alumnos y alumnas, alrededor del 40 por ciento de académicos, ocho de ciento funcionarios universitarios, uno por ciento administrativos y un uno por ciento de personal por honorarios. Son datos que la misma universidad hizo públicos.

Las quejas son 42 por ciento por un ambiente tóxico; 20 por ciento por violencia de género; 17 por ciento en hostigamiento sexual, en donde se dijo OJO, están involucrados docentes con alumnas y alumnos.

Además, violaciones a los derechos humanos como el bullying o la libertad de expresión registran un 14 por ciento; cuatro por ciento en la violencia docente, es decir malos tratos; acoso laboral, dos por ciento; y acoso escolar uno por ciento.

El 5 de marzo, el Sistema Universitario de Medios Autónomos dio a conocer en un comunicado, la denuncia por violencia laboral interpuesta por la conductora Aimé Lugo, cuyo testimonio señala al subdirector del sistema Gerardo Pérez Neria.

Buscamos una entrevista con la periodista, nos dirigimos a las instalaciones del sistema, pero el personal de vigilancia negó que esa persona se encontrará en la plantilla laboral.

Intentamos contactarla a través de sus redes sociales, pero no responde nuestros mensajes y desde el 6 de marzo, un día después del comunicado de SUMA, no postea nada en su página de Facebook.

Hace dos décadas, Alfredo Rivera Flores, excatedrático universitario escribió el libro La Sosa Nostra en referencia a la organización universitaria y liderazgo de Gerardo Sosa a través de varias décadas.

Fue acusado de difamación, demandado y obligado a pagar una buena suma por tal atrevimiento. El mensaje de la universidad del estado fue brutal, nadie puede hablar mal de sus líderes y menos atreverse a publicar un libro. ¿Qué mayor acto de intolerancia y violencia puede existir que impedir la libre expresión?

X: @LasVocalesExtraviadas