Las Diputadas Citlali Jaramillo Ramírez, Erika Rodríguez Hernández, Marcia Torres González, Michelle Calderón Ramírez, Rocío Jacqueline Sosa Jiménez, y los Diputados Julio Manuel Valera Piedras, Juan de Dios Pontigo Loloya y Roberto Rico Ruíz, integrantes del Grupo Legislativo del PRI en el congreso local, presentaron una iniciativa que reforma la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Hidalgo.

El propósito de la  iniciativa, señaló la diputada Rocío Sosa Jiménez, “es homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Hidalgo, para incluir la violencia digital y mediática como un tipo de violencia ejercida contra la mujer e implementar estrategias pertinentes para proteger a la víctima”.

Sosa Jiménez explicó en tribuna que “la manifestación máxima de violencia digital se materializa con la difusión y reproducción de imágenes, audios y videos de contenido sexual íntimo sin la autorización ni consentimiento de la mujer, está situación vulnera la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres”.

La diputada del GLPRI informó que “de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso de 2019, dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 1 de cada 4 personas de la población de 12 años y más que se conectó a internet fue víctima de algún tipo de ciberacoso en los últimos 12 meses, lo que equivale a 17.7 millones de personas afectadas, de este total, 8.3 millones fueron hombres y 9.4 millones fueron mujeres, es decir, más del 53% de las víctimas son mujeres”.

“El grupo de edad de las mujeres que es más propenso a padecer este delito es la que entre los 20 y 29 años,  en 2019, de la totalidad de mujeres usuarias de internet incluidas en este rango de edad, el 36% sufrieron algún tipo de ciberacoso, cifra que aumentó en 9.2 puntos porcentuales en comparación con el 2017”, explicó Sosa Jiménez.

Con esta propuesta, destacó la diputada priista, “se establece que tanto los ministerios públicos como los jueces, deben ordenar a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, de redes sociales o de páginas electrónicas, tanto de personas físicas como morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación referente a la violencia digital y mediática”.

Por último, añadió, “la iniciativa establece que, dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección, deberá celebrarse una audiencia en la que el juez de control podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas, considerando la información que tenga disponible así  como la irreparabilidad del daño”, finalizó.