Hidalgo es una de las últimas entidades en consolidar su Fiscalía General autónoma debido a la complejidad de su transición administrativa, presupuestaria y tecnológica. 

Más allá de las declaraciones, vertidas por actual encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia, Francisco Fernández Hasbum, respecto a que ya le prometieron que será el primer fiscal de Hidalgo, el proceso requirió múltiples prórrogas legislativas y millonarias inversiones estatales para lograr la independencia plena del Poder Ejecutivo, estimándose su conclusión para julio de 2028.

Sumado a la supuesta tenencia de una patente de corso sobre el organismo, Fernández Hasbum es en parte, responsable del retraso administrativo.

La transición exige reestructurar la nómina, el servicio profesional de carrera y los reglamentos internos para que la institución deje de depender del gobierno estatal.

El Congreso local salió al rescate en ese tema y aprobó  prórrogas sucesivas para evitar un colapso operativo en la transición. 

La transición de Procuraduría a Fiscalía, requiere una modernización profunda de los sistemas de bases de datos para integrar la información histórica de las carpetas de investigación y agilizar la labor de los agentes del Ministerio Público.

El cambio necesita una fuerte inyección de recursos—ya fueron invertidos cientos de millones de pesos desde 2023— para habilitar órganos administrativos independientes y una nueva sede, pero, evidentemente, no fue suficiente.

Hasta que culmine este proceso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),sigue siendo la encargada oficial de la procuración de justicia en el estado.

Por cierto que fue sepultada bajo miles de toneladas de silencio mediático, la penosa exposición de directivos y elementos de la unidad antisecuestros , quienes hicieron una fiesta con evidente ingesta de alcohol dentro de instalaciones públicas. ¿No hubo ni siquiera una llamada de atención?