Las recientes solicitudes de extradición de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de alto nivel, generaron una crisis política que impacta directamente la imagen de Morena y la narrativa del Gobierno Federal previo a los procesos electorales locales y federales del 2027.
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos por narcotráfico y delitos de armas contra una decena de políticos mexicanos ante una corte en Nueva York.
Se les acusa de conspirar con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa para importar drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
El gobierno de México adoptó una postura de defensa de la soberanía y exigencia de pruebas legales rigurosas.
La estrategia política implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum para contrarrestar el embate, utiliza los canales diplomáticos y argumentos legales para pausar o cuestionar las solicitudes del gobierno norteamericano
La presidenta Sheinbaum declaró que no se actuará sin pruebas irrefutables, señaló que las solicitudes actuales del Departamento de Justicia carecen de elementos probatorios suficientes bajo la ley mexicana.
El discurso oficial presenta el caso como una injerencia extranjera con posibles fines políticos, afirmando que "la soberanía nacional “, no se negocia.
La Fiscalía General de La República (FGR), condicionó cualquier orden de aprehensión o avance en la extradición al agotamiento previo de los procesos de retiro de fuero para los funcionarios en activo.
La FGR, dió visita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que ahí se entreguen las solicitudes del gobierno norteamericano y los envió a la fiscalía para que esta analice si cumplen con los requisitos del tratado bilateral y la normatividad nacional, un proceso que puede tomar tiempo considerable.
Para evitar que este conflicto afecte la estabilidad interna del partido oficial (Morena), y la confianza pública, la presidenta hizo un llamado a la Unidad Nacional.
“La unidad frente al embate exterior, descalificando las críticas de la oposición (a quienes denomina el "Mcprian") y acusándolos de promover mentiras.
Fue sugerido que las acusaciones podrían tener objetivos políticos por parte del sistema judicial estadounidense para debilitar la administración de la presidenta Sheinbaum.
Aunque defiende el debido proceso, la Jefa del Ejecutivo insistió en que su gobierno "no va a cubrir a nadie que haya cometido un delito", intentando separar la integridad de la institución presidencial de las acciones individuales de los señalados.
Mientras el gobierno mexicano gestiona la crisis diplomática, Sheinbaum Pardo continúa promoviendo planes de infraestructura y desarrollo para mantener la atención en los logros de la actual administración; una tarea que será reforzada por los gobernadores de Morena en sus entidades correspondientes.