En un momento crucial para México, el pasado 15 de enero de entraron en vigor reformas clave que marcan un avance significativo en la lucha por la igualdad de género. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estas modificaciones a leyes como la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley Federal del Trabajo, no solo renombran y fortalecen marcos legales, sino que los convierten en obligaciones vinculantes para cerrar brechas estructurales. 
Estas reformas representan el culmen de décadas de batallas feministas, y su impacto promete transformar la vida laboral y social de millones de mujeres, protegiéndolas de la violencia y garantizando equidad real. La historia de esta conquista no es reciente; es el resultado de una lucha persistente contra la discriminación y la violencia que ha marcado la trayectoria de las mujeres en México desde el siglo XIX. En la época colonial y porfiriana, mujeres como las cigarreras de la Real Fábrica de Puros y Tabaco en la Ciudad de México, lideradas por figuras como Gertrudis Barrios, denunciaron explotación laboral, malas condiciones y horarios extenuantes, enfrentando despidos por ser consideradas “alborotadoras”.  Esta resistencia obrera temprana sentó precedentes para movimientos posteriores. En el siglo XX, el sufragio femenino, conquistado en 1953 tras años de activismo por parte de pioneras como Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, abrió la puerta a la participación política, aunque la igualdad laboral seguía siendo un sueño lejano.  
La influencia internacional fue clave: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el de igualdad de remuneración de 1951 y el de discriminación en el empleo de 1958, impulsaron reformas internas.   En México, hitos como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2001, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, y la reforma político-electoral de 2014 que garantizó la paridad de género en candidaturas, construyeron un andamiaje legal. No obstante, la violencia laboral persistía: en 2021, el 21.7% de las mujeres asalariadas reportaron discriminación, incluyendo brechas salariales y acoso, agravadas por estereotipos y sobrecarga de trabajo no remunerado.  
Movimientos como las marchas del 8 de marzo y las Alertas de Violencia de Género (AVGM) han visibilizado esta realidad, presionando por cambios que reconozcan la violencia como una violación a los derechos humanos arraigada en desigualdades históricas. Las reformas de 2026 elevan esta lucha a un nivel superior. Ahora, la igualdad sustantiva deja de ser un objetivo programático para convertirse en una obligación legal, con medidas concretas: igual salario por trabajo igual sin distinción de sexo o género, prohibición de discriminación por embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, y la obligación de los empleadores de capacitar para prevenir la violencia en el workplace. Además, la Secretaría de las Mujeres gana facultades para declarar alertas de violencia de género, certificar centros de justicia y emitir órdenes de protección inmediata, como suspender visitas de agresores o asegurar armas.
Estas enmiendas a la Ley Federal del Trabajo y otras normativas responden directamente a la brecha salarial, donde las mujeres ganan en promedio 16% menos, y al acoso, que afecta a una de cada cinco trabajadoras. 
El impacto de esta ley en beneficio de las mujeres es profundo y multifacético. En el ámbito laboral, fortalece su posición ante empleadores públicos y privados, reduciendo vulnerabilidades y promoviendo entornos seguros que fomenten la retención y ascenso femenino.  Expertas destacan esto como un “punto de inflexión” en la regulación del trabajo y la protección de derechos. Socialmente, contribuye a erradicar patrones culturales de subordinación, alineándose con la perspectiva de género en el derecho laboral, como se promueve en manuales judiciales recientes. En un país con 10 feminicidios diarios y una participación económica femenina del 44% frente al 76% masculina, estas medidas podrían salvar vidas, impulsar la economía inclusiva y avanzar hacia la paridad en todo. Sin embargo, el éxito depende de la implementación: entidades federales y municipios tienen 180 días para armonizar sus leyes, un reto que requiere vigilancia ciudadana y recursos adecuados. 
Estas reformas no son solo papel; son el eco de las voces silenciadas por siglos, desde las obreras del Porfiriato hasta las activistas de hoy. Representan una victoria colectiva que honra la tenacidad feminista y promete un México más justo.
Pero la lucha no termina: urge una cultura de igualdad que trascienda lo legal, eliminando estereotipos y asegurando que cada mujer viva libre de violencia. En este “tiempo de mujeres”, como lo ha llamado la presidenta Sheinbaum, el compromiso debe ser inquebrantable para que la igualdad sea sustantiva, no solo nominal.