En la historia de México, las relaciones con la comunidad judía internacional han sido marcadas por episodios de alta tensión que reflejan no solo los desafíos de la política exterior, sino también las complejidades internas de un país en constante búsqueda de su lugar en el mundo. Dos momentos, separados por casi medio siglo, ilustran cómo las decisiones gubernamentales pueden desatar controversias con repercusiones económicas y diplomáticas: el boicot turístico de 1975 durante el gobierno de Luis Echeverría y el reciente señalamiento de empresarios israelíes contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Ambos casos, aunque distintos en su naturaleza, revelan la fragilidad de las relaciones internacionales. 

En 1975, el presidente Luis Echeverría, en su afán de posicionar a México como líder del Tercer Mundo y aspirante a la Secretaría General de la ONU, respaldó la Resolución 3379 de la Asamblea General, que equiparaba el sionismo con una forma de racismo. Esta decisión, tomada en el contexto de la Guerra Fría y la alineación con el Movimiento de Países No Alineados, desató una reacción inmediata de la comunidad judía estadounidense, que organizó un boicot turístico contra México. En un país donde el turismo era una fuente clave de ingresos, la acción golpeó duramente la economía, especialmente en destinos como Acapulco y Cancún. La comunidad judía mexicana, que para entonces ya se identificaba plenamente como parte de la nación, jugó un papel crucial en la mediación, logrando que Echeverría rectificara parcialmente su postura mediante diálogos con líderes judíos y una visita del canciller Emilio Rabasa a Israel, aunque este último terminó sacrificado políticamente como chivo expiatorio. 

Este episodio dejó una lección clara: las decisiones de política exterior, especialmente en temas sensibles como el conflicto árabe-israelí, pueden tener consecuencias económicas devastadoras si no se miden con cuidado. Echeverría subestimó el poder de la diáspora judía y pagó un costo elevado, no solo en términos económicos, sino también en la percepción de su gobierno como torpe en el manejo de las relaciones internacionales.

Casi cinco décadas después, un nuevo escándalo se cierne sobre nuestro país. Empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto para financiar su campaña en 2012. A cambio, según estas acusaciones, se facilitó la venta del software espía Pegasus y equipo militar a instituciones mexicanas como la Sedena, la PGR y el Cisen.

Las consecuencias de decisiones que, aunque tomadas en contextos distintos, han colocado a México en el centro de controversias con la comunidad judía internacional. Mientras que en 1975 el boicot turístico liderado por la comunidad judía estadounidense fue una respuesta directa a una postura ideológica de Echeverría, los señalamientos actuales contra Enrique Peña Nieto por presuntos vínculos con empresarios israelíes reflejan un problema más profundo: la percepción de México como un terreno fértil para actividades ilícitas, ya sea por debilidad institucional o por decisiones políticas opacas. Ambos episodios, separados por décadas, nos invitan a reflexionar sobre las posibles repercusiones de los señalamientos actuales y su impacto en la relación de México con la comunidad internacional y el escenario geopolítico.

La comunidad judía mexicana, que históricamente ha sido un puente para resolver conflictos, podría enfrentar presiones internas y externas para pronunciarse sobre este caso. Si las acusaciones se confirman, y surge más información relacionada, podrían dañarse las relaciones bilaterales con Israel, un país con el que México mantiene acuerdos comerciales y de cooperación tecnológica.

Similar al boicot turístico de 1975, los señalamientos actuales podrían afectar la confianza de inversionistas extranjeros, particularmente en el sector tecnológico y financiero. La mención de Pegasus, un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group, pone en entredicho la transparencia de las compras gubernamentales en México. 

Además, las recientes acusaciones de lavado de dinero a instituciones financieras mexicanas, aunque no directamente relacionadas con el caso Peña Nieto, han llevado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a sancionar a  CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

A esta trama se suma lo acontecido en junio del 2022 en el aeropuerto de Queretaro, donde piso suelo mexicano una aeronave de Emtrasur vinculada a Mahan Air y Conviasa (Iran - Venezuela). La mención de Irán en este escándalo introduce un elemento de alta sensibilidad geopolítica.

Tanto el episodio de Echeverría como los señalamientos actuales subrayan la necesidad de una política exterior y de seguridad más cuidadosa y transparente. México no puede permitirse decisiones que lo coloquen en el centro de controversias internacionales. En un mundo donde las redes criminales y los intereses geopolíticos se entrelazan con facilidad, México debe aprender de su historia para evitar repetir los errores del pasado. 

El boicot de 1975 fue una lección de humildad para Echeverría; los señalamientos de 2025 podrían serlo para el sistema político mexicano en su conjunto si no se abordan con seriedad y responsabilidad.